Pandemia, Suicidio y desigualdad: un inicio para un debate a fondo[1]
Por: Roy González Sancho
Introducción
La discusión aquí planteada, responde al desarrollo de un proceso continuado de investigación, discusión y reflexión en torno al tema del suicidio, tanto en Costa Rica como en América Latina. El cual ha sido desarrollado desde el año 2018 en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, enfocándose especialmente a poblaciones juveniles.
Al mismo tiempo, durante este trayecto de tiempo hasta el día de presentación de esta ponencia, las condiciones imperantes desencadenadas por la pandemia meritaron la modificación de los planes, la estrategia metodológica y el avance posibilidades de investigar el tema conforme se tenía previamente planteado.
Fue a partir del 31 de diciembre de 2019 luego de la detección del brote en la ciudad de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud denomina a la enfermedad como COVID-19. Es el 30 de enero de 2020 que la OMS declaró que el mundo se enfrentaba a una epidemia de la enfermedad recién nombrada un mes antes. Dada su expansión y los contagios del Sars-Cov-2 por varios países de Asia, África y Europa, en un anuncio emitido por su director general en ejercicio, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el día 11 de marzo de ese mismo año la OMS señalaba que la situación podía ser considerada como una pandemia[2].
Se trataba así de una nueva pandemia que llegaba casi 10 años después de la última que fuera provocada por los brotes del virus de la influenza A H1N1, y que fuese conocida popularmente como la gripe porcina. Desde aquella oportunidad, las preocupaciones de posibles consecuencias sistémicas por un nuevo evento de estas magnitudes se mantuvieron ciertamente bajas o fuera del radar (Barifouse, 2022).
En esta ocasión, ha quedado claro que se trata de una pandemia que ha afectado profundamente en todos los países y sus poblaciones, cambiando indudablemente
los patrones y rutinas de vida de las personas.(Barifouse, 2022; Blake & Divyanshi, 2020; Organización Panamericana de la Salud, 2020; Spronk, 2021).
No obstante, se debe advertir que el efecto ha sido diferenciado en las poblaciones dependiendo de varios factores, tales como su clase social, ubicación geográfica, origen étnico, estatus migratorio, sector de la economía a la que estén vinculadas las personas por su trabajo u ocupación, su condición de salud física y mental, etc. (Spronk, 2021; Perelman, 2022; Blake & Divyanshi, 2020; Urdiales Claros & Sánchez Álvarez, 2021)
Dicho de otro modo, lo anterior puede remitirse a la existencia de un grupo de condiciones estructurales que pueden ser denominadas desigualdades. Las cuales, siguiendo los planteamientos de Perelman (2022), refieren a relaciones asimétricas, socialmente producidas que se articulan espacial y temporalmente, implicando una distribución desequilibrada o concentrada del bienestar que se puede producir o aspirar en una sociedad. Dicho de otro modo, tiene lugar cuando el acceso a los recursos y las oportunidades sucede en forma diferenciada, permitiendo que ciertos grupos sociales las acaparen, en detrimento de otros que se ven excluidos o marginados de participar del proceso.
En este sentido, dada la relación indirecta indicada por el autor con respecto a la desigualdad y bienestar, cobran sentido los apuntes de Ortiz-Hernández et al. (2007), quienes a partir de una revisión sistemática de la literatura, observaron que la posición socioeconómica se relaciona de forma negativa con diferentes indicadores de trastornos mentales, tanto en países de altos como de bajos ingresos, aunque dejaron claro que una tendencia a destacar corresponde al caso de las personas jóvenes en este rubro. Entre otros resultados, tal parece que para el momento de redacción del artículo, no se advertían todavía asociaciones entre desigualdad e intentos de suicidio o suicidio consumado.
Como resultado de estos hechos, es posible colegir que antes de los tiempos de pandemia, los estudios remarcaban que cuando la situación económica era más alta, la presencia de trastornos mentales bajaba significativamente, tanto en poblaciones adultas como jóvenes.
Sin embargo, con investigaciones como la realizada por González Parra, et al (2017), se ha podido aclarar que en aquellos grupos marcadamente en exclusión social y en condiciones históricas de desigualdad, como poblaciones indígenas, la presencia de altas tasas de suicidio es muy común. En su investigación, las y los autores, aducen que el trauma histórico padecido por los desplazamientos forzosos de sus territorios ancestrales ha intervenido de forma determinante en la inclinación tanto a intentos de suicidio como de actos consumados en estas comunidades.
En este contexto cobran sentido los resultados recientemente presentados por Spronk (2021), en su discusión sobre el tema de la desigualdad, abarca los casos específicos de poblaciones a las que diferentes Estados no han garantizado el acceso al agua y sistemas de saneamiento básico.
La autora en esta comunicación advierte que esta afectación significa, para las personas afectadas, la imposibilidad y la privación de poder contar con los medios o recursos necesarios para mantener las normas mínimas de cuidado para evitar el contagio de la COVID-19. Dejando claro que son las mujeres y niñas quienes padecen con mayor peso de esta situación, pues en encima también sufren una condición de desigualdad por su sexo y roles de género asignados, mencionando que generalmente en distintas zonas alejadas de las urbes centrales, son ellas quienes se encargan de conseguir el agua en las comunidades que no tienen acceso a una fuente de agua potable o una red de saneamiento.
Con lo anterior, logra vislumbrarse cómo la pandemia por la COVID-19 ha estado repercutiendo de diversas formas en las condiciones de vida materiales y sociales de las poblaciones de todo el planeta, agravando en varias ocasiones las problemáticas presentes desde años o décadas anteriores, en casi todos los contextos humanos imaginables. No obstante, antes de continuar cabe la posibilidad de visualizar brevemente cómo se desarrollaba la situación.
Algunos apuntes de situación previos a la pandemia:
La situación sobre el fenómeno del suicidio anteriormente al inicio del periodo pandemia se caracterizó, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2021), por una disminución en las tasas de suicidio en varias regiones del mundo durante las dos primeras décadas del siglo XXI, pero observándose un aumento de un 17% en el caso todo el continente Americano. En este mismo periodo temporal, América Latina se distinguió por mostrar un aumento progresivo y constantemente de sus niveles de desigualdad, hasta convertirse en la “región más desigual del mundo”.(CEPAL, 2016).
Al tiempo que varias investigaciones han identificado que aspectos como la baja escolaridad, las emociones negativas, el estrés desmedido, los problemas familiares e interpersonales, las situaciones laborales adversas y ciertos problemas de salud física y mental, etc., se convierten en factores determinantes en el riesgo para la consumación o el intento de suicidio, se ha demostrado constantemente que esta problemática se grava cuando entre las posibles víctimas potenciales o consumadas se encuentran personas jóvenes. (Aristizábal Gaviria et al., 2009; Camacho Mena & Salazar, 2000; Cañón Buitrago, 2011; Cañón Buitrago, & Carmona Parra, 2018; González-Sancho & Picado Cortés, 2020)
De aquí que la preocupación por los aumentos en los registros de muertes por suicidio, causen y justifiquen las alertas o los llamados de atención tanto de los y las profesionales que intervienen en la prevención, como en el tratamiento o postvención en las víctimas que sobreviven a un intento de suicidio o de las personas allegadas a la víctima.
Se tiene conocimiento de que la mayor parte de los intentos de suicidio resultan de víctimas femeninas y que los actos consumados tienden a ser principalmente protagonizados por víctimas masculinas. Al mismo tiempo, se ha identificado que muchas de las muertes o los intentos de suicidio se relacionan significativamente con padecimientos como la depresión o la ansiedad, pero que ello dista mucho de significar que todas las víctimas de esta problemática posean una enfermedad mental dada la complejidad y la multiplicidad de factores involucrados en su dinámica (Acosta Artiles, et al., 2017; Aristizábal Gaviria et al., 2009; Cañón Buitrago, & Carmona Parra, 2018; González-Sancho & Picado Cortés, 2020; Martínez-Duran et al., 2011; Rodríguez et al., 2006).
Es precisamente, esta complejidad del problema una de las principales motivaciones que han impulsado toda una gama de esfuerzos académicos y científicos a explorar las dinámicas y tipos de relación entre dos temas sumamente determinantes para la salud y bienestar de las personas, como el suicidio y la desigualdad en todas sus dimensiones.(Campo-Arias, & Herazo, 2014; Organización Panamericana de la Salud, 2020; Pérez, 2016). De estas investigaciones se ha derivado avances importantes como el descarte de la utilización de conceptos e indicadores como pobreza y el coeficiente de GINI para entender la problemática del suicidio en cualquier población, debido principalmente a la forma cómo se operacionaliza y se definen estas nociones -actualmente en desuso-, ya que limitan el análisis a la “carencia en términos de capacidad de consumo e ingreso”, obviando muchos otros aspectos incluso mucho más relevantes. (Campo-Arias, & Herazo, 2014).
A partir de esto, varios autores y autoras han encontrado que en investigaciones realizadas sobre estos temas, las tasas de suicidio se relacionaran mucho más significativamente con la fragmentación social, la falta de cohesión social y las desigualdades, que con la posibilidad o no de consumir un servicio o adquirir algún bien. (Campo-Arias, & Herazo, 2014; Pérez, 2016; Cañón Buitrago, & Carmona Parra, 2018; Campo-Arias, & Herazo, 2014)
En este aspecto, vale la pena referirse a los resultados presentados por Pérez (2016), quien ha referido que el 2% de todas las muertes en Chile han estado relacionadas con suicidio, correspondiendo en tiempo y magnitud con el aumento del PIB y los niveles de desigualdad desde la década de los 80’s, especialmente en regiones alejadas del país. Incluso esta asociación se ha comprobado en el caso de otros países como Colombia (Campo-Arias, & Herazo, 2014; 2015), Costa Rica (Molina, 2019), entre otras naciones en donde las desigualdades se han incrementado a velocidades y magnitudes diferentes, pero constantes.
De manera que, de acuerdo con las anteriores investigaciones y los aportes de otros estudios (González Parra, et al., 2017), las personas que perdían la vida por suicidio, se encontraban con frecuencia con un acumulado alto de malestar y hostilidad como resultado de la desigualdad sufrida, expresándose frecuentemente en violencia, pero dirigida hacia sí mismas.
Pandemia y suicidio en un ambiente de desigualdad.
De acuerdo con Tremeau (2022) en un informa de la ONU, se destacó que durante el primer año de la pandemia se disparó en un 25% la prevalencia mundial de ansiedad y depresión, marcándose la mayor diferencia en los países más afectados por el COVID-19. En este contexto, las y los protagonistas fueron principalmente las poblaciones más jóvenes y las mujeres en mayor magnitud que los hombres.
Entre los principales detonantes de esta situación se han señalado el miedo al contagio, al sufrimiento y la muerte propia o de alguna persona cercana, el dolor por el duelo, preocupaciones por su situación económica, etc. Entre los equipos de primera línea de atención (profesionales de medicina, enfermería y de más personal de hospitalario) se registraron en 2020 niveles importantes de síntomas de episodios depresivos -14% y 22%-, mientras que una de cada seis personas pensó en suicidarse. Cabe resaltar que, solo una tercera parte de las y los profesionales quienes dijeron necesitar atención psicológica la recibieron. (OPS, 2022)
En sintonía con lo anterior, en Costa Rica durante el primer año de pandemia, entre las personas de los 13 hasta los 35 años, un tercio mencionaron haber tenido ansiedad, casi la mitad manifestó tener una percepción pesimista del futuro, cuatro de cada diez mencionaron tener riego de contagiarse de COVID-19 y una cuarta parte dijeron necesitar del contacto con personas de su misma edad para seguir adelante (Arias, 2020).
Como puede observarse, resulta inicialmente evidente que los primeros efectos de la pandemia reportados por estudios, instituciones y poblaciones consultadas apuntan a que varios de los factores de riesgo o disparadores de ideaciones suicidas aumentaron su aparición en la coyuntura experimentada durante este tiempo.
En lo que respecta a la mortalidad, siguiendo los aportes de Cruz Castanheira & Monteiro da Silva (2021) en el mundo un tercio de las defunciones reportadas por COVID-19 fueron de países de América Latina, proporción que resulta preocupante para el autor al considerar que la población de la región representa apenas un 8% aproximadamente de la población. Aunado a esto, en su reporte los investigadores mencionan que, en concordancia con los estudios, las desigualdades están relacionadas con la vulnerabilidad y la incapacidad de las personas para defenderse o protegerse respecto del contagio, así como con las comorbilidades que se asocian con una mayor severidad mortalidad de la enfermedad y mortalidad.
Cabe destacar, que otro elemento que agravó la situación de riesgo vivenciada por muchas personas, se derivó de los inconvenientes, desventajas y condiciones de hacinamiento que les trajo a muchas poblaciones la obligación de tener que cumplir con las medidas de confinamiento domiciliar y de circulación limitada. A esto se le debe sumar, las pérdidas económicas derivadas de las tensiones experimentadas por las pequeñas y medianas empresas, en relación con el parón de actividades comerciales y productivas, que al mismo tiempo de generó importantes índices desempleo y desocupación (Blake & Divyanshi, 2020).
No obstante, la mortalidad elevada como un elemento característico del efecto de la pandemia no sólo se vio en países considerados como “subdesarrollados”. Spronk (2021) señala el caso de Estados Unidos, país en el que un importante contingente de su población no cuenta con acceso a un seguro médico o asistencia sanitaria básica. De esta manera, las muertes por COVID-19 se concentraron especialmente en personas de comunidades afrodescendientes y en desigualdad económica.
Por su lado, en esta misma vertiente Urdiales Claros & Sánchez Álvarez (2021) citando el caso español, anota que durante la pandemia por COVID-19 se observó un incremento importante en los niveles de cuadros depresivos e ideación suicida, marcadas especialmente en mujeres, personas desempleadas, personas en teletrabajo y estudiantes. De acuerdo con los resultados reportados en este estudio, dichos rubros aparecieron mayormente en los grupos antes mencionados, debido al cambio abrupto e inesperado que experimentaron diversos sectores de la sociedad en sus rutinas cotidianas.
Continuando con el caso de España, Jerónimo et al. (2021) consideró que un aumento en las tasas de suicidio podría producirse, ello relacionado con el aumento en las consultas por intentos, con especial ahínco en los reportes de casos de menores edad, la disminución de en la cantidad de personas que acudía a los servicios de salud y los registros de más casos de suicidios consumados.
Finalmente en dos informes del Banco Mundial (Blake & Divyanshi, 2020; Gopalakrishnan et al., 2021), se ha mencionado que hubo un acceso desigual a las vacunas, implicando que en un inicio poco más del 7% de las personas en los países de “bajos ingresos” hubiesen recibido sus esquemas vacunales completos en contra posición con el 75% de las potencias centrales.
Si bien en los documentos antes mencionados, el Banco Mundial reconoce que hay países “de bajos ingresos” cuyos sistemas de salud no están en la capacidad de dar respuesta las situaciones derivadas de la pandemia, la instancia omite su responsabilidad directa en dicha situación, como derivación de las políticas de recortes económicos y de políticas públicas que la institución financiera obliga a los países a realizar y que bautiza como “ajustes” en áreas sensibles como educación, salud, garantías laborales y sociales.
De esta forma, como ha podido verse hasta este momento la pandemia por COVID-19, como otras pandemias anteriormente en el pasado de la humanidad, significa un reto desigual, cuya afectación ha sido vivida de forma diferenciada, y ceñida en sus consecuencias con las personas las personas de los estratos, sectores, regiones y condiciones sociales más adversas.
Como bien expusiera Spronk (2021)
“La pandemia y sus consecuencias económicas han puesto de manifiesto las líneas divisorias de los privilegios y las desventajas: mientras que algunos estamos en una posición social que nos permite seguir siendo económicamente estables y mantenernos sanos, la mayoría de la población se enfrenta a un futuro con más riesgos y más vulnerabilidad, y ya ha sufrido impactos devastadores. El virus ha puesto de manifiesto las grietas de nuestras sociedades desiguales, dejando al descubierto profundas contradicciones de clase, género y raza, tanto dentro de los países como entre ellos” (p.30)
Discusión y conclusiones:
Si algo ha comprobado la pandemia por COVID-19, es que las peores consecuencias tanto de las diferentes cepas como las medidas de contención tomadas para frenar el avance de las distintas olas de contagio se presentaron con especial agudeza en aquellos países donde las políticas de ajuste neoliberal han formado parte de la manera en la que se han organizado o desbaratado los diversos sistemas institucionales de respuesta necesarios.
De manera que, los modelos de “Estado reducido” y economía “libre mercado” impuestos a distintas regiones mediante la fuerza o “Planes de Ajuste Estructural”, han conducido -salvo pocas excepciones- al descuido, desmantelamiento o privatización de sectores clave para el bienestar de las poblaciones como los sistemas de salud y seguridad social, sumada la constante precarización de las condiciones de mínimas de trabajo.
Cabe destacar que dichas medidas se han aplicado o impuesto en diversos países tanto con Golpes de Estado, como mediante la coacción directa de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y demás bancos regionales de “cooperación”.
Así, aquellos países en los que la planificación político-económica se ha fundamentado en el recorte de recursos para el desarrollo de infraestructura y las capacidades de los sistemas de salud, asistencia social, educación, etc., se han visto especialmente vulnerables e impotentes para dar respuestas oportunas a las urgencias y necesidades de sus poblaciones desde antes de la pandemia actual.
Por ello, no resulta extraño que las mayores tasas de fallecimiento por complicaciones derivadas de la COVID-19, se hayan visto en países del mal llamado “tercer mundo” y primordialmente en países del también mal nombrado “primer mundo” como por ejemplo España, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, etcétera.
Aunado a estas dificultades, las prohibiciones a la exportación de las materias primas para la fabricación de vacunas, la compra desmedida y el decomiso de grandes lotes de vacunas en las primeras semanas de producción por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, entre otros, dificultaron un inicio más equitativo y justo de las campañas de vacunación, al tiempo que también se bloqueó el acceso a envíos, compras o entregas de vacunas desarrolladas en Rusia y China.
De esta forma, las debilidades estructurales, el intercambio desigual a nivel económico, y los bloqueos diplomáticos-políticos, agravaron los tiempos y estrategias de respuesta en muchos países, condenándoles en varias ocasiones a sufrir mayores costos humanos, que los que habrían podido prevenirse de poder haber contado con los recursos y las vacunas necesarias abordar la situación de pandemia.
Incluso, aunque está pendiente de verificación, muchos de los proyectos de desarrollo propias vacunas en varios países, fueron detenidos o se dejaron de publicitar al momento que se comenzaron a adjudicar mediante COBAX, la compra directa o donación de los primeros lotes de vacunas de fabricadas por las farmacéuticas norteamericanas y europeas a los países América Latina, África y Asia.
Además de lo anterior, ha sido evidente que los efectos emocionales, físicos y psicológicos debidos al confinamiento y las consecuencias económicas de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia, se han visto reflejados en el aumento de la incidencia, prevalencia y crecimiento de índices y tasas de padecimientos mentales y físicos. Lo cual ha encendido las alertas de las y los profesionales de la salud y de la salud mental, ante el riesgo de un posible aumento de problemas relacionados a las conductas suicidas.
Asimismo, teniendo en consideración varios de los resultados de las investigaciones, comunicados e informes utilizados en esta presentación, se puede observar que la relación o el vínculo entre los altos niveles de desigualdad y las problemáticas asociadas a la conducta suicida es fuerte, desde varios años antes de la pandemia por Covid-19. Con el refinamiento de los modelos teóricos, metodológicos y de análisis, esta relación ha quedado mayormente evidenciada.
Este tipo de avance en los estudios y análisis del tema ha sido el paso necesario para poder explicar los casos de países como Chile, Colombia, Costa Rica u otras regiones particulares de otras latitudes, donde el aumento en las tasas de suicidio y los reportes de intentos fallidos no encontraban una respuesta satisfactoria.
Con el inicio y desarrollo de la pandemia, quedó lamentablemente en evidencia que los sectores de atención primordial en salud que fueron privatizados, por su misma dinámica y funcionamiento, únicamente se preocuparon por adaptarse desde el inicio de sus operaciones a una demanda delimitada por la exclusión a quienes no podían costearse su “propia salud” o la costumbre de imponer altos precios por sus servicios. Estas tácticas han sido desde antes de la pandemia, las formas habituales como se maximizaban las ganancias de los oferentes o contratistas privados, ya fuese que se tercerizaran los servicios sanitarios o que estos fueran privados en su totalidad.
De esta forma, a la hora de ser necesarias estrategias y recursos amplios para afrontar la situación límite provocada por los contagios, las infraestructuras privadas acostumbradas a atender la poca población que podía pagar sus servicios, o bien a aquellos acostumbrados a brindar únicamente servicios básicos, se vieron rápidamente superados, vencidos y colapsados. Dinámica que no se repitió en países donde la salubridad ha sido pública y masificada (Costa Rica, Cuba, Argentina, etc.)
En este sentido, la narrativa esgrimida por autoridades nacionales en varias latitudes y medios de comunicación tradicionales, en la que se atribuyen las consecuencias casi por entero a la pandemia, remite según lo visto a un razonamiento corto en su alcance explicativo y descriptivo de la situación de fondo que se intenta relatar.
Con todo lo anterior, puede entenderse que la desigualdad, los sistemas de asistencia limitados, los altos índices y tasas de padecimientos como la depresión y la ansiedad, el aumento en los casos reportados de conducta suicida desde la ideación hasta el acto consumado, entre otros flagelos, no son problemáticas producidas en un vacío inerte e inconexo dentro de cada víctima en su individualidad, sino que como bien apuntó Fisher (2018b, 2018a), se trata de las consecuencias directas de la aplicación de las políticas neoliberales, del desplazamiento de la responsabilidad de un modelo fracasado sobre quienes padecen los defectos e inoperancias de este, y de la incomprensible pero extendida creencia de que “no hay otra forma de hacer las cosas” incluso si realizándolas según los mandatos o sus manuales, nunca resultan o producen lo que han prometido.
Por todo lo anterior, ha de tenerse en consideración que el agudizamiento de los elementos, circunstancias e indicadores considerados como factores de riesgo, de la desigualdad y la poca o nula asistencia que reciben las poblaciones excluidas y en desigualdad, podrían traer consigo aumentos significativos en las muertes por suicidio. A la fecha de redacción de esta comunicación, algunas investigaciones han sugerido que si bien el confinamiento redujo las tasas, o los casos reportados al menos, con el levantamiento de estas medidas los casos aumentaron considerablemente, en algunos casos particularmente en victimas femeninas (Cordero Parra, 2022), en otros de forma generalizada (de la Torre-Luque et al., 2022; EFE, 2022).
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[1] Ponencia presentada el 10/09/2022, en el Segundo Congreso sobre Conductas Suicidas y Problemáticas Asociadas: “De Esto Sí se Habla”, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
[2] Organización Panamericana de la Salud (2020) La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
