Imagen tomada de la sección de «Noticias» del sitio web de la Universidad de Costa Rica. Foto por: Rebeca Arias y Jorge Navarro.
Por: Anthony García-Marín
I. Introducción
En los últimos meses, la narrativa oficial sobre la violencia homicida en Costa Rica ha estado dominada por declaraciones que simplifican la crisis a una «guerra entre ellos», sugiriendo que las víctimas son exclusivamente miembros de grupos criminales en conflicto. Esta postura, reiterada por el presidente de la República, no solo invisibiliza a las víctimas inocentes que pierden la vida como daño colateral, sino que también ignora las complejas dinámicas estructurales que configuran este fenómeno. Afirmaciones como “mientras uno no se meta en malos pasos no hay por qué preocuparse” desconocen que la posición de un joven dentro de los circuitos de violencia no depende únicamente de decisiones individuales, sino también de condiciones sociales, territoriales e históricas que lo rodean.
América Latina y el Caribe enfrenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo (18 por cada 100,000 habitantes), triplicando el promedio global, con un impacto desproporcionado en la juventud: el homicidio es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años en la región (UNODC, 2023; UNICEF, 2019). Costa Rica, históricamente considerada un país pacífico, ha sido arrastrada a esta crisis, especialmente desde su transición de país de tránsito a un nodo operativo en las cadenas logísticas del narcotráfico.
En 2024, los hombres jóvenes de 15 a 24 años concentran una proporción alarmante de las muertes violentas. El análisis territorial de los datos nacionales evidencia que esta violencia está profundamente vinculada a la desigualdad: las tasas más altas de fallecimientos juveniles —y de homicidios dentro de estas muertes— se encuentran en regiones periféricas como Limón, Puntarenas y Guanacaste, mientras que los cantones del Valle Central presentan niveles significativamente menores tanto de mortalidad como de violencia letal.
Lejos de ser simples “soldados” reemplazables en guerras ajenas, los jóvenes de comunidades vulnerabilizadas mueren en contextos donde la exclusión, la falta de acceso a la educación, el desempleo y la debilidad institucional los exponen de manera sistemática a circuitos de violencia estructural. La hipótesis que guía esta reflexión sostiene que la violencia homicida juvenil en Costa Rica es una manifestación de las desigualdades sociales acumuladas y la marginalización territorial, exacerbadas por la dinámica del mercado global de drogas. A partir del análisis de datos empíricos recientes, se concluye que la violencia no es “entre ellos”, sino contra ellos: contra una juventud que crece sin opciones, atrapada entre la indiferencia estatal y el avance del crimen organizado.
II. Magnitud y tendencias de los homicidios en hombres jóvenes
Costa Rica ha experimentado un deterioro sostenido en sus indicadores de seguridad ciudadana. En 2023, el país registró 879 homicidios, alcanzando una tasa de 17,2 por cada 100 000 habitantes, la más alta en su historia reciente (OIJ, 2024). Aunque en 2024 se observó una leve disminución en el número total de homicidios, con 802 casos acumulados hasta diciembre, este año se posicionó como el segundo más violento registrado.
Un rasgo distintivo de esta crisis es su marcado sesgo de género: el 91% de las víctimas de homicidio en 2024 fueron hombres. Este patrón se ha mantenido constante en los últimos años, reflejando una vulnerabilidad específica de la población masculina frente a la violencia letal.
El grupo de hombres jóvenes de 15 a 24 años es uno de los más afectados por la violencia homicida en Costa Rica. Entre 2019 y 2023, se registraron 971 homicidios en este rango de edad (COMESCO, 2023), con un aumento particularmente pronunciado en 2023, cuando las víctimas alcanzaron las 263, un incremento del 60% respecto al año anterior. Estos datos son similares a lo reseñado en la investigación de Alvarado (2013) en la que indica que los jóvenes, especialmente hombres entre 15 y 24 años, son desproporcionadamente afectados por violencia letal para ALC, con una alta prevalencia de homicidios cometidos con armas de fuego. Esta violencia se extiende más allá de los espacios públicos, incidiendo también en las esferas familiares, escolares y laborales.
Este aumento no puede atribuirse únicamente a cambios demográficos, sino que refleja una intensificación de las dinámicas violentas asociadas al crimen organizado. En 2024, el 70% de los homicidios fueron clasificados como «ajustes de cuentas» o «venganza», categorías estrechamente vinculadas al narcotráfico y las disputas territoriales (OIJ, 2024).
La violencia homicida en Costa Rica no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Provincias como Limón, San José y Puntarenas concentran la mayor parte de los homicidios, con tasas que superan ampliamente el promedio nacional. Por ejemplo, el cantón de Limón registró una tasa de 52 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2021, mientras que en La Cruz (Guanacaste) la tasa alcanzó 58 en el mismo año (Observatorio de la Violencia, 2021).
Estas áreas coinciden con altos niveles de pobreza, exclusión social y presencia de crimen organizado, lo que refuerza la relación entre desigualdad y violencia. Según el Informe Estado de la Nación 2024, las zonas costeras del Caribe y el Pacífico Central presentan los mayores niveles de rezago social, convirtiéndose en focos de violencia letal.
A continuación, se presenta un mapa de coropletas que muestra las diferencias de las tasas de fallecimiento (homicidios y otras causas de muerte) de hombres jóvenes de 15 a 24 años según el cantón de residencia para el año 2024:
El análisis de la mortalidad de hombres jóvenes en Costa Rica durante 2024, considerando tanto las tasas generales de fallecimiento como el porcentaje atribuible a homicidios, evidencia una profunda desigualdad territorial. Aunque las muertes juveniles no se explican exclusivamente por hechos violentos, los datos muestran que en varios cantones del Caribe y del Pacífico Central y Norte —como Limón, Garabito, Puntarenas, Santa Cruz y Nicoya— el homicidio constituye una proporción significativa de los decesos. En contraste, cantones urbanos del Valle Central como Barva, Moravia, Tibás y Curridabat presentan tasas de mortalidad juvenil más bajas y una menor incidencia de homicidios dentro del total de muertes. Este patrón sugiere que la violencia letal, aunque extrema, es una manifestación de un entorno estructuralmente adverso que se concentra en las zonas periféricas.
En las regiones costeras, que registran los niveles más altos de mortalidad juvenil, no solo se observa una mayor mortalidad general, sino que en varios casos esta se relaciona directamente con dinámicas homicidas. Cantones como Limón, Quepos, Mora y Goicoechea destacan porque más de la mitad de las muertes de jóvenes están vinculadas con violencia intencional, lo que subraya la gravedad de los procesos de criminalización y la exposición al riesgo en estos territorios. Estas zonas se caracterizan por economías informales o de enclave, altos niveles de desigualdad, exclusión educativa y laboral, y una capacidad estatal limitada para brindar protección y oportunidades a la población joven. Por otro lado, el Valle Central se beneficia de una infraestructura institucional más sólida, lo que se traduce en una probabilidad significativamente menor de que sus jóvenes fallezcan por homicidios.
Casos atípicos como Turrubares o San Mateo, donde las tasas de mortalidad juvenil son elevadas pero los homicidios representan un porcentaje nulo, evidencian que los fallecimientos también pueden estar asociados a otras formas de vulnerabilidad estructural, como accidentes, negligencia institucional o precariedad en el acceso a servicios de salud. Esta combinación de causas muestra que la mortalidad juvenil, más allá de los homicidios, es un indicador crítico de exclusión social, territorial y generacional. Los patrones observados deben interpretarse como una alerta sobre las condiciones desiguales que enfrentan los jóvenes en Costa Rica. Abordar esta problemática requiere respuestas integrales, con un enfoque territorial y generacional, que incluyan tanto la dimensión de seguridad como los determinantes sociales de la salud y la vida.
El análisis del porcentaje de muertes de jóvenes entre 15 y 24 años atribuibles a homicidios en Costa Rica durante 2024 evidencia una distribución marcadamente desigual, con rangos que varían desde el 0% hasta el 80,95%. En promedio, aproximadamente uno de cada cinco fallecimientos de jóvenes varones está vinculado directamente a hechos violentos intencionales. Sin embargo, esta cifra promedio oculta profundas disparidades territoriales. Mientras un 25% de los cantones reportan cero homicidios dentro de las muertes juveniles, otros registran que la violencia homicida constituye la causa predominante de fallecimientos en este grupo etario, revelando un marcado contraste entre territorios seguros y vulnerables.
Cantones como Alajuela, Quepos, Limón, Mora, Goicoechea y Montes de Oca presentan niveles alarmantes de homicidios en relación con el total de muertes juveniles, con porcentajes que oscilan entre el 57% y más del 80%. Este panorama sugiere una clara conexión entre las dinámicas de violencia estructural y las trayectorias juveniles interrumpidas. En estos contextos, los homicidios no solo representan un problema de seguridad ciudadana, sino también un fracaso integral del entorno social, institucional y comunitario para garantizar condiciones básicas de protección y pertenencia a los jóvenes. En estas zonas, el homicidio deja de ser una excepción para convertirse en una posibilidad estadísticamente significativa en la vida de la juventud.
Por otro lado, muchos cantones del Valle Central y de regiones rurales reportan un 0% de homicidios como causa de muerte juvenil. Este dato puede interpretarse de dos maneras: por un lado, podría reflejar entornos más seguros y estructuralmente cohesionados; por otro, podría estar ocultando otras formas de vulnerabilidad no relacionadas directamente con la violencia letal, como accidentes, enfermedades o fallecimientos derivados de negligencias estructurales. Esta dualidad subraya la necesidad de analizar el homicidio no como la única causa de preocupación, sino como un indicador de deterioro social, especialmente en aquellos territorios donde su prevalencia supera el 50% de las muertes juveniles.
Consideraciones finales
El análisis desarrollado demuestra que la violencia homicida que afecta a hombres jóvenes en comunidades vulnerables de Costa Rica no puede entenderse como una guerra “entre ellos”, como han sugerido algunas voces oficiales. Por el contrario, los datos territoriales y etarios muestran con claridad que se trata de un fenómeno profundamente estructural, en el que convergen múltiples formas de desigualdad: exclusión educativa, precariedad laboral, informalidad, debilitamiento institucional y exposición cotidiana a economías ilícitas. Los homicidios de jóvenes no son incidentes fortuitos ni únicamente consecuencia de conflictos entre bandas, sino la expresión más cruda de un entorno social que ha fallado en ofrecer alternativas dignas a una parte significativa de su población juvenil.
Las regiones con mayores tasas de fallecimiento juvenil —como Limón, Puntarenas y cantones del Pacífico Norte— son también aquellas donde los homicidios representan más del 50% de estas muertes. Esta coincidencia no es accidental: refleja un patrón geográfico de vulnerabilidad que posiciona a los jóvenes de ciertas comunidades como los principales afectados por la expansión del narcotráfico y las dinámicas del crimen organizado. En estos territorios, la violencia no es solo una amenaza externa, sino una presencia normalizada que penetra escuelas, barrios y espacios públicos, dejando marcas profundas en las trayectorias de vida de miles de adolescentes y jóvenes. Mientras tanto, en el Valle Central —donde hay más Estado, más oportunidades y mayor protección— los riesgos son notablemente menores. Así, la geografía de la violencia en Costa Rica reproduce con nitidez las fronteras de la desigualdad.
Frente a esta realidad, no basta con reforzar la narrativa del castigo o la criminalización. Urge desmontar la idea de que los muertos “se lo buscaron” y reconocer que estamos ante un problema estructural, cuya raíz está en la desigualdad histórica y territorial que atraviesa al país. Las políticas públicas deben dejar de ser reactivas y apostar por enfoques integrales: inversión sostenida en educación y empleo juvenil, desarrollo comunitario en zonas de alta violencia, acceso a derechos y control efectivo del tráfico de armas. Se requiere también una transformación del discurso: dejar de justificar las muertes y empezar a preguntarnos por qué ocurren siempre en los mismos cuerpos y territorios. Porque no, no es entre ellos. Es contra ellos. Contra quienes nacen en desventaja, crecen sin respaldo y mueren sin que el país asuma su responsabilidad colectiva.
Referencias:
Alvarado Mendoza, A. (2013). La violencia juvenil en América Latina. Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 31(91), Article 91. https://doi.org/10.24201/es.2013v31n91.124
Castro, C. (2024, marzo 1). Homicidios: Chaves invisibiliza a víctimas inocentes y vuelve a decir que narcos “se matan entre ellos”. CRHoy.com | Periodico Digital | Costa Rica Noticias 24/7. https://www.crhoy.com/nacionales/homicidios-chaves-invisibiliza-a-victimas-inocentes-y-vuelve-a-decir-que-narcos-se-matan-entre-ellos/
Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). (2025, mayo). Observatorio De La Violencia del Ministerio de Justicia y Paz. https://observatorio.mj.go.cr/
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Observatorio De La Violencia del Ministerio de Justicia y Paz. (2025, mayo). COMESCO. https://observatorio.mj.go.cr/sobre-comesco
Organismo de Investigación Judicial (OIJ). (2025, mayo). Estadísticas Policiales del OIJ. https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/
