Fotografía tomada del sitio web de la Universidad de Costa Rica.

Por: Anthony García-Marín

La reducción de la pobreza en Costa Rica, que disminuyó del 21.8% en 2023 al 18% en 2024 según la última Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), representa un avance significativo en la mejora de las condiciones de vida de los hogares más vulnerables del país. Este fenómeno se explica en gran medida por la recuperación económica postpandemia, que ha permitido a los hogares rurales y a los quintiles de ingresos más bajos experimentar un aumento en sus ingresos, tanto a través del empleo como del autoempleo. El incremento de la demanda agregada y la mejora de la actividad económica, especialmente en sectores como el turismo y los servicios, han sido factores determinantes en este proceso.

Esta hipótesis sugiere que la estabilización de precios, la recuperación de los ingresos salariales y un entorno económico más favorable han permitido a muchas familias rurales recuperar los niveles de ingresos previos a la pandemia, contribuyendo significativamente a la disminución de la pobreza a nivel nacional. Sin embargo, es importante destacar que esta mejora no ha sido uniforme en todo el territorio, lo que requiere un análisis más profundo de las disparidades regionales y de los factores estructurales que aún persisten.

A continuación, se presentan los puntos clave que explican esta reducción de la pobreza, enfocándose en el contexto económico actual, los enfoques para medir las carencias y las implicaciones de estos factores en la recuperación económica del país.

I. Hipótesis general

La hipótesis plantea que los ingresos en las zonas rurales han regresado a niveles similares a los observados antes de la pandemia de COVID-19, cuando la pobreza se situaba en un 21% en 2019. Esto sugiere que, tras el impacto económico de la pandemia, que elevó la pobreza al 26% en 2020, las familias rurales han mejorado sus condiciones económicas, recuperando los ingresos perdidos, principalmente en términos de ingresos salariales, que constituyen el 65% de los ingresos de los hogares (INEC, 2023,2024). Este retorno a los niveles prepandemia es crucial para entender la disminución de la pobreza en estas áreas.

    La propuesta se centra en los hogares más vulnerables, particularmente aquellos ubicados en los quintiles más bajos de la distribución de ingresos. En las áreas rurales, el ingreso promedio per cápita de estos hogares es de 61 600 colones, en contraste con los 92 200 colones en las áreas urbanas para el año 2024 (INEC, 2023,2024). Estos hogares fueron los más afectados por la crisis económica provocada por la pandemia. Por lo tanto, cualquier recuperación económica que incremente sus ingresos de manera positiva tiende a reducir significativamente los niveles de pobreza. Se observa una variación con respecto al año 2023, con un incremento del 9% en el año 2024 para las zonas rurales (INEC, 2023,2024).

    El incremento de la demanda agregada, que se refiere al aumento en el consumo de bienes y servicios, según datos reportados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2024), muestra que para 2023 se registró un crecimiento aproximado del 4.1% en la demanda interna. Además, el consumo de los hogares, un componente significativo de la demanda agregada, evidenció un crecimiento cercano al 3.5%. Este fenómeno impulsa una mayor actividad económica y, en consecuencia, genera más oportunidades de empleo. Asimismo, a partir del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para 2024, se indica una mejora en la demanda agregada a través de la recuperación del sector servicios, específicamente mediante el turismo , como hoteles o restaurantes (Banco Central de Costa Rica, 2024).

    Este aumento en la demanda podría atribuirse a diversos factores, como la mejora de los ingresos en otros sectores o regiones. En este contexto, se plantea la hipótesis de que este crecimiento ha beneficiado a las zonas rurales, generando más empleo. Esto se refleja en el aumento de las tasas netas de participación, que pasaron del 49% en 2023 al 52% en 2024, así como en el incremento del número de personas ocupadas por hogar, que pasó de 1.07 a 1.13 en 2024 en las zonas rurales (INEC, 2023, 2024), mejorando así los ingresos de las familias.

    El incremento de los ingresos en las zonas rurales ha sido un factor crucial en la reducción de la pobreza a nivel nacional. En comparación con el año 2023, los ingresos salariales en estas áreas han aumentado un 9,6% (INEC, 2023, 2024). Dado que una parte considerable de la población en situación de pobreza reside en estas regiones, donde la pobreza promedio en los últimos tres años ha sido del 27%, en contraste con el 22% registrado este año (INEC, 2023, 2024), la mejora de las condiciones económicas en estas áreas contribuye de manera significativa a los indicadores nacionales de pobreza.

    II. Puntos contextuales y críticos para explicar esta mejora

    1. Contexto económico actual en Costa Rica: En los últimos dos años, la inflación se ha mantenido cercana a cero (Banco Central de Costa Rica, 2024), estabilizando los precios de bienes y servicios  de la canasta básica. Sin embargo, esto ha coincidido con una reducción en la inversión social en educación y salud. Este bajo nivel inflacionario, junto con un déficit fiscal cercano a cero, ha afectado la calidad y el alcance de los servicios públicos.

      2. Enfoques para medir las carencias: Tradicionalmente, la pobreza se mide mediante modelos como la línea de pobreza o las necesidades básicas insatisfechas (Jiménez y Alvarado, 2018), que establecen un umbral mínimo de ingresos para cubrir una canasta de bienes y servicios, diferenciando entre zonas urbanas y rurales. No obstante, este enfoque no considera aspectos relacionales como la desigualdad social, lo cual ofrece una comprensión más amplia de la vulnerabilidad (Pérez Sáinz et al., 2012; Pérez Sáinz, 2014, 2015).

      3. Límite del enfoque tradicional: Superar la línea de pobreza no implica necesariamente que un hogar haya salido de la condición de vulnerabilidad (Calderón, 2012; Torres et al., 2020). Factores como la calidad del empleo y la sostenibilidad de los ingresos no se consideran, permitiendo que hogares que apenas superan el umbral aún enfrenten condiciones precarias, incluso aquellos que la han superado para la siguiente medición vuelvan a dicha condición. Este enfoque ha sido criticado por su visión limitada, centrada únicamente en los ingresos (Pérez Sáinz et al., 2012; Pérez Sáinz, 2014, 2015).

      4. Consecuencias de un enfoque limitado: Este enfoque, que se centra únicamente en los ingresos, no toma en cuenta otras dimensiones fundamentales de la vulnerabilidad, como el acceso a la educación, la salud y el empleo de calidad. Interpretar el superar el umbral de ingresos como una salida de la pobreza ignora la precariedad persistente que enfrentan muchos hogares. Además, ha reducido el debate social al ámbito de la insuficiencia de ingresos, dejando de lado el análisis de la opulencia (Pérez Sáinz, 2014). Comprender tanto las carencias como la opulencia es esencial para lograr una comprensión completa de la realidad social. De hecho, el aumento de los ingresos en los hogares de quintiles superiores explica el incremento en la demanda agregada, lo cual genera más empleos. Este enfoque también se ve limitado por la manera en que las Encuestas Nacionales de Hogares recogen la información, ya que se enfocan principalmente en los sectores de bajos ingresos y a menudo excluyen a los de ingresos medios y altos (Pérez Sáinz et al., 2012; Pérez Sáinz, 2014, 2015, 2021).

      5. Implicaciones para la recuperación económica: La disminución en la tasa de desempleo abierto, especialmente en zonas urbanas, junto con el aumento de la participación laboral en áreas rurales -cercanas a los datos antes de pandemia-, sugiere una recuperación económica que beneficia a hogares de bajos ingresos y zonas rurales. La reactivación económica ha generado o recuperado formas de empleo, impactando positivamente en la demanda agregada. Sin embargo, es crucial considerar que esta recuperación no es uniforme; las zonas rurales presentan una dinámica diferente. La creciente participación laboral podría reflejar la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo o el desarrollo de pequeñas y microempresas. Esta variabilidad en la recuperación subraya la necesidad de políticas públicas adaptadas a las condiciones específicas de cada región y un análisis más allá del enfoque de la pobreza.

      Referencias bibliográficas

      Banco Central de Costa Rica. (2024). Indicadores Económicos. Banco Central de Costa Rica. https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos

      Calderón, R. (2012). Delito y cambio social en Costa Rica. FLACSO.

      INEC. (2023). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Instituto Nacional de Estadísitica y Censos. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares

      NEC. (2024). Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Instituto Nacional de Estadísitica y Censos. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares

      Jiménez, J., y Alvarado, R. (2018). Efecto de la productividad laboral y del capital humano en la pobreza regional en Ecuador. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 40, 141-165.

      Pérez Sáinz, J. P. (2014). Mercados y bárbaros: La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina (Primera edición). FLACSO, Sede Costa Rica.

      Pérez Sáinz, J. P. (2015). La región más desigual. En busca de sus raíces desde una perspectiva crítica. En M. Castillo Gallardo y C. Maldonado (Eds.), Desigualdades: Tolerancia, legitimación y conflicto en las sociedades latinoamericanas (pp. 39-67). RIL Editores.

      Pérez Sáinz, J. P. (2021). Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos de pandemia. Nueva Sociedad, 293, 63-76.

      Pérez Sáinz, J. P., Fernández Montero, D., y FLACSO (Organization) (Eds.). (2012). Sociedades fracturadas: La exclusión social en Centroamérica (1. ed). FLACSO Costa Rica.

      Torres, R. S., Cifuentes, L. M., y Murillo, L. M. (2020). Estimación alternativa de la pobreza multidimensional en Colombia. Revista de Economía Institucional, 22(43), 137-168.