Ilustración 1: Imagen aérea del CECOT. Captura de pantalla video, promocional de inauguración del centro. Canal de YouTube de Nayib Bukele.
Por: Mario.
El 27 de marzo de 2023[1] asistí a un evento en el cual un grupo de organizaciones que velan por los derechos humanos en El Salvador presentaron un informe al cumplirse 365 días desde la declaración de Estado de Excepción en ese país[2]. Medida que, como sabemos, ha suspendido desde 2022[3] una serie de garantías individuales que han facultado la aprehensión y encarcelamiento masivo de miles de personas, sin que medien las garantías penales de un debido proceso.
Apenas el mes anterior el gobierno había revelado en cadena nacional un video[4] detalladamente producido en el cual presentaba lo que se convertiría en su proyecto insigne, conocido desde entonces como CECOT, Centro de Contención del Terrorismo. Declarada con orgullo la cárcel más grande de América Latina y que representa a la fecha el abandono definitivo a cualquier pretensión o máscara rehabilitadora. Una prisión desnuda y una promesa de tortura sobre cuerpos abyectos.
Para entonces, las organizaciones responsables del informe habían recibido unas 3,200 denuncias[5], donde se recogían reportes de diversos tipos de violaciones de derechos humanos a, por lo menos, 3,400 personas, en su mayoría hombres y, en general, personas jóvenes; más del 60% de las personas afectadas. El principal motivo de denuncia: la detención arbitraria, perpetrada principalmente por la Policía Nacional Civil de ese país y, en menor medida, las Fuerzas Armadas. Se resaltaba, adicionalmente, la cantidad de muertes verificadas de personas bajo custodia del Estado, 139 en total; 126 hombres y 13 mujeres.
Las y los expositores señalaron durante la presentación que, a falta de información oficial más allá de las publicaciones hechas por el gobierno en redes sociales, se podía estimar que por lo menos un 2% de la población salvadoreña se encontraba privada de libertad, lo que hacía que este fuera el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo[6]. Frente a todo este panorama, se llegó a afirmar en el evento que El Salvador era «un país convertido en una cárcel»[7].
Ilustración 2: imágenes tomadas de redes sociales. Primera a Izquierda: Foto Óscar Machón publicada en Boletín de Comité COFAPPES. Derecha: Ilustración OTTO ElFaro.net. Ambas fotos reflejan la idea de un país convertido en una prisión. En la primera imagen se observa la silueta del Mapa de El Salvador formado por rejas y remaches que simulan una puerta de una celda de prisión. En la segunda imagen se observan los cuerpos maniatados y vendados de personas presas que están siendo agredidas por la policía, la silueta de estos cuerpos forma el mapa de El Salvador.
Esta frase, registrada en mi diario de campo, regresaría una y otra vez durante mi investigación de diversas maneras: fotos, dibujos, maquetas, videos, frases, testimonios, entre otras. Esto llevó a reflexionar que, para muchas personas, El Salvador siempre había sido una cárcel. En este sentido, el Estado de Excepción no hacía más que exacerbar esa situación. Después de todo, la detención arbitraria e ilegal en este país no es un tema nuevo; eran recurrentes para entonces las denuncias de violación de la presunción de inocencia, elaboración de pruebas falsas, etc. Desde hace tiempo en El Salvador muchos a los que capta el sistema penal se les considera culpables hasta que se les impida una y otra vez demostrar lo contrario.
Ilustración 3: Capturas de pantalla de video promocional de El Gobierno de El Salvador (a finales del 2023) sobre las prácticas de encarcelamiento de personas presuntamente pandillera en ese país.
Como lo dejó ver la sentencia de la CIDH de 2015[8] en el caso de Agapito Ruano vs. el Estado Salvadoreño, caso que se remonta a una detención en el año 2000; o como lo hizo ver la prensa en el caso de Miguel Derás en 2016; o el movimiento social Justicia para Wendy Morales y la Asociación Azul Originario en el caso de Wendy Morales en 2016 e Ivy Gutiérrez en 2019; o la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, para el caso de Daniel Alemán en 2017.
Fueron precisamente los movimientos Justicia para Wendy Morales y Los Siempre Sospechosos de Todo, los primeros que buscaron colectivizar desde el 2017 la denuncia sobre esta realidad a través de la organización, el arte, las manifestaciones callejeras y los performances, llevando a la esfera pública aquel secreto a voces que muchas veces, por temor y vergüenza, quedaba en el ámbito de lo familiar y lo privado.
Tampoco era nuevo que se dijera que las personas, aun viviendo en libertad, experimentaban su vida cotidiana como si se encontraran encarceladas o confinadas. Me surgen así varias preguntas ¿Cuándo comenzó a constituirse El Salvador en una cárcel? ¿Y para quiénes se convirtió en una cárcel?
Para los que hemos trabajado en las prisiones y buscamos comprender las formas en las que el confinamiento se experimenta más allá de los muros de los establecimientos penales, ha sido fundamental dar seguimiento a las lógicas de poder que se mantienen o se expanden sobre las personas a través de la sujeción de los cuerpos a la prisión, mediante las figuras de detención y privación de libertad. Esto se ha llevado a cabo, sobre todo, trabajando con personas privadas o exprivadas de libertad, dando seguimiento a sus experiencias y sus vínculos familiares y comunitarios, dando cuenta de esa larga sombra de la prisión que se cierne sobre el mundo que habitan quienes han sido encarcelados. El poder carcelario los sigue afuera, aun cuando han cumplido su pena, se les ha encontrado inocentes o aguardan en suspenso un veredicto. ¿Qué sucede cuando los barrios o comunidades marginalizadas se constituyen en los espacios de encierro? ¿Cuándo se despliegan sobre estos entornos diversas lógicas y dinámicas de sujeción al lugar?
Ilustración 4: fotos de la página Los Siempre Sospechosos de Todo, 2022. Intervención “La carga que nadie quiere cargar”.
Quisiera arriesgar aquí una aproximación, so pena de ser demasiado obvia o apresurada. El antecedente inmediato mediante el cual El Salvador comenzó a constituirse en el Estado carcelario, el «país-prisión» que conocemos, podría ubicarse en el año 2000[9]. Sucedió en el sistema penal juvenil, cuando, por primera vez en la historia de ese país, el Estado otorgó oficialmente una característica fundamental a las pandillas: la potestad de controlar un territorio por sobre su capacidad de imponer “orden y su soberanía”.
No cedió cualquier territorio, sino la prisión; allí donde, como en ningún otro lugar, teórica o idealmente, el Estado tiene la capacidad de hacer sentir su poder, de vigilar, de controlar y de disciplinar a los individuos, este se plegó para ceder el orden de lo cotidiano a estas, entonces, incipientes organizaciones. Esta lógica se expandiría los años siguientes, cuando la medida se replicó y consolidó en los centros de detención para adultos a partir de 2004.
Así como el Estado cedió las cárceles a las pandillas, comenzó a asediar a las comunidades de las cuales estas provenían. Las políticas de seguridad se centraron en la captura y encierro masivo de personas consideradas pandilleras[10]. Las pandillas empezaron a protegerse y encerrarse cada vez más en las comunidades. A restringir cada vez más las formas de relacionarse de sus habitantes, sus movimientos dentro, fuera y entre comunidades. Mientras estas erigían muros, portones y barreras en un esfuerzo desesperado por protegerse de los enfrentamientos agresivos entre grupalidades contrarias.
Ilustración 5: Fotos de muros en el perímetro de diversas comunidades durante trabajo de campo realizado en 2023. Muchas de estos muros y portones tienen marcas generadas por las balas durante los enfrentamientos entre pandillas contrarias que disputaban el territorio.
[1] BBC. (27 marzo 2022). El Salvador: el Congreso decreta el régimen de excepción a pedido de Bukele por el incremento de homicidios https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60890821
[2] Pueden consultarse varios informes relacionados al primer año del Estado de Excepción. Ver Cristosal, (2023). Un año bajo el Régimen de Excepción. https://cristosal.org/ES/wp-content/uploads/2023/07/Informe-1-ano-regimen-de-excepcion_digital.pdf . Véase SPASS. (2023). Informe anual violación a derechos humanos durante el régimen de Excepción. https://sspas.org.sv/sspas/wp-content/uploads/2023/04/SSPAS.-Informe-regimen-de-excepcion.pdf
[3] Delcid, Merlín. (4 de marzo 2025). El régimen de excepción de El Salvador cumplirá tres años de vigencia tras nueva prórroga. https://cnnespanol.cnn.com/2025/03/04/latinoamerica/regimen-excepcion-el-salvador-tres-anios-prorroga-orix
[4] Bukele, Nayib. (2 de febrero 2023). Centro de Contención del Terrorismo. https://www.youtube.com/watch?v=fuBjhrgYkdM&t=1422s
[5] Al día todas estas cifras han aumentado cuando nos acercamos a cumplir tres años consecutivos de Estado de “Excepción” en El Salvador.
[6] Para una aproximación comparativa véase World Prison Brief en https://www.prisonstudies.org/map/central-america
[7] Ramírez, David. (27 de marzo 2023). Régimen de excepción: 365 días en “un país convertido en cárcel”. https://voces.org.sv/regimen-de-excepcion-365-dias-en-un-pais-convertido-en-carcel/?fbclid=IwAR3ZPT4Hr7472bU5nBE7F5MHlME5QdlX35Ahn6MLy0-fNFnvAehhgOAAFSo
[8] CorteIDH. (05 octubre 2015). Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Ruano Torres y otros vs. El salvador https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_303_esp.pdf
[9] Valencia, Roberto. (4 setiembre del 2014). El país que entregó las cárceles a sus pandilleros. https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/pais-entrego-carceles-a-pandilleros/
[10] Aguilar, J. (2018). Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003-2018.
