Por: Juan Antonio Gutiérrez Slon
En anteriores escritos en este mismo blog de opinión se ha planteado el tema de la generación. Tres publicaciones previas hacen notar de una doble realidad que configura una “nueva” generación; un contexto de excepción, crisis o reforma, y las acciones que sobre dicho contexto responden las personas jóvenes. Se ha dicho que ser joven no es sinónimo de progresismo, ni sinónimo de su antagonismo, lo mismo sucede con las generaciones, que siendo producto de las acciones, no vienen predefinidas ni prestablecidas. Se definen en su acción.
Devenido de lo anterior, debemos colocarnos en el contexto de Bicentenario de la Independencia que estamos viviendo. Hecho que no lleva a la configuración de una “nueva” generación per se, pero que nos da elementos de temporalidad que permiten reflexionar sobre sus manifestaciones tanto desde las personas jóvenes como desde la autoridad máxima en el país, el Gobierno de la República. Sin aundar mucho en detalles, es evidente que este contexto del Bicentenario hizo que la campaña política del 2018 estuviera impregnada –someramente– por este contexto y un discurso de optimismo sobre éste. Siendo que el candidato ganador fue una persona considerablemente joven con 38 años (apenas tres años más de lo que por Ley se define como persona joven), es que durante ese año existió un aura de “cambio”, rejuvenecimiento y entrada en juego de una “nueva” generación de la política nacional. Sin embargo, dicho imaginario de cambio nunca llegó a la realidad y por el contrario, el Gobierno del Bicentenario dejó pocas mejoras.
Siendo lo amplio de lo que un Gobierno implica, este artículo se centra en la versión de este Gobierno del Bicentenario visto a la luz de su relación política con la Centenaria Generación del Movimiento Universitario que, en ese mismo año del 2018, cumplió cien años desde su aparición luego de los hechos de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, Argentina. Varios fueron las transformaciones con este movimiento -que años después llega a Costa Rica- y tiene como uno de los ejes esenciales, la autonomía política respecto el Gobierno.
Esta autonomía implica la ejecución de políticas propias al interno de las universidades estatales (UNA, UCR, UNED, ITCR y UTN), un ordenamiento administrativo laboral autorregulado, la elección de sus propias autoridades internas, una propia escogencia de los programas de estudio y la proclama del Cogobierno Estudiantil como parte del esquema de poder de las universidades. Este Cogobierno se encuentra presente en Federaciones, Asociaciones, Consejos, Congresos y Tribunales Estudiantiles. Hay una plural configuración del movimiento estudiantil que también incluye grupos que actúan en forma paralela –y en ocasiones distante– a estas instancias ejerciendo autonomía universitaria.
Esta introducción sobre los dos componentes del artículo, Gobierno del Bicentenario y la Centenaria Autonomía Universitaria, fueron necesarias para comprender como en el transcurso de poco más de tres años desde el 2018, podemos hablar de una relación rota entre el Gobierno y el Movimiento Universitario. Una relación que ha mantenido abiertos procesos de comunicación política y cuyo resultado ha traído que el Gobierno autoproclamado del “cambio” y cuyo discurso de juvenibilidad preveían una reforma sustancial de las estructuras económicas y políticas del país, cayó en las mismas prácticas de desconocimiento del movimiento estudiantil universitario que otrora, varios Gobiernos también habían recitado. No solo no hubo ningún cambio importante en los indicadores que miden la desigualdad y el acaparamiento de recursos del país; sino que tampoco hubo ningún cambio en la relación de dos generaciones, la del Gobierno del Bicentenario y la del Centenario Movimiento Universitario. Esta relación entre ambos es, entonces, lo que pasaremos a detallar a continuación.
Que el Presidente Carlos Alvarado Quesada fuera considerablemente joven, y que él mismo tuviera dos carreras universitarias de la Universidad de Costa Rica, no implicó nunca, un gobierno con sensibilidad de la Reforma Universitaria. Sino lo contrario, un Gobierno cuya meta fue intentar decretar su derogatoria. Misión por completo fracasada por parte del Gobierno, veamos por qué: A solo meses de asumir el poder en mayo del 2018, el Presidente Alvarado impulsó el proyecto de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, proyecto que por múltiples parlantes se le hizo saber a él y sus defensores/as políticos, que se sustentaba sobre una reforma tributaria regresiva. También se le advirtió sobre la necesidad de impulsar cambios en el modelo neoliberal de la macroeconomía nacional (un proyecto nada nuevo pues data desde la década de 1980 y cuyos resultados se miran al colocar a Costa Rica como el 9º país con mayor desigualdad del mundo).
De esta primera relación, surgió que miles de estudiantes y profesionales docentes y administrativos de las universidades públicas, salieran a marchar y protestar en las calles y desde las diferentes plataformas de acción política del país. Varios momentos de esta acción democrática en las calles (donde también se sumaron varios otros sectores sociales y gremiales del país) fueron llevando a una mayor reprimenda del Gobierno contra el Movimiento Estudiantil. Primero, con oídos sordos a la proclama de millares de personas, y segundo, desde una persecución violenta de policías que en San Pedro de Montes de Oca, esperaron la llegada de la noche para paliar con las macanas policiales a la protesta estudiantil y terminar entrando a la Sede Rodrigo Facio de la UCR, rompiendo ventanas, inmobiliario, piernas y rostros de estudiantes, y con ello también, a la Constitución Política.
Este bochornoso acto ejecutado por el Poder Ejecutivo desde la acción de las fuerzas policiales del 12 de setiembre del 2018. Es el primer punto perdido por el Gobierno del Bicentenario frente a la Centenaria Generación Universitaria. No solo develó la escasa capacidad o disposición que el primero tenía para con sus congéneres, sino que impulsó el segundo punto a favor del movimiento estudiantil y el movimiento universitario: La masiva convocatoria al día siguiente hacia Casa Presidencial. Una movilización que nunca fue convocada por el Gobierno, como tristemente hizo alusión el Presidente al afirmar que se trataba de una “invitación” del Gobierno. Así, la mañana del 13 de setiembre del 2018, miles de estudiantes y personal universitario, con toda su representación política oficial desde las Rectorías, llegó a Casa Presidencial para demostrar su desaprobación por la violencia policial y el atropello de la autonomía universitaria y con ello de la Constitución Política misma. Sobre este hecho, poco más de un año después, en 2019, se da el tercer punto con que el Gobierno pierde ante el Movimiento Estudiantil, ya que la querella investigada sobre estos hechos, dieron con la responsabilidad sin justificación en el actuar de la policía, lo que llevó a que el Ministerio de Justicia aceptara lo inapropiado de las acciones oficiales y tuvo que compensar los daños ocasiones por la violencia suscitada, incluyendo indemnizaciones a estudiantes agredidos por la fuerza pública. Pese a lo anterior, esta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas logró ser aprobada en la Asamblea Legislativa y con ello, el Gobierno obtuvo un punto a su favor.
Estos hechos no representaron ningún cambio en la versión del Gobierno para con su relación con la Autonomía Universitaria, ya que un año después, entre setiembre, octubre y noviembre del 2019, el Gobierno del Bicentenario arremetió contra el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que so pretexto de la crisis fiscal heredada por el modelo neoliberal, se quería restar en el presupuesto nacional de las universidades públicas. Situación que llevó a cientos de estudiantes y personal universitarios/as, a manifestarse nuevamente mediante todos los mecanismos políticos que permiten nuestra Constitución: La organización política, la negociación directa, el uso de medios de prensa y la protesta masiva. Cual si fuera una duplica del año anterior, nuevamente miles de universitarios/as salieron a protestar hacia Casa Presidencial. Sumando un cuarto punto a favor de la Autonomía Universitaria y en contra del Gobierno.
La llegada a Zapote estuvo marcada por un Gobierno del Bicentenario tosco en su posición política y reacio a escuchar la proclama de la Centenaria Generación Universitaria. De nuevo la discusión mostró un Gobierno no apto al dialogo y dichas manifestaciones llevaron a que se tomaran por lo menos 11 edificios de las universidades del país, incluyendo sedes y recintos. Así como a la renuncia de la Ministra de Hacienda que junto al Presidente, eran los principales promotores en el debilitamiento del FEES. La renuncia de la Ministra no mermó así el plan del Gobierno, que continúo por el camino del ostracismo, y no solo perdió un quinto punto con esta renuncia, sino con una imagen dañada del Presidente. En este contexto es que surgió una nueva generación del movimiento estudiantil de Costa Rica. Una generación propia que bajo esquemas de organización donde lo virtual y lo asambleístico se mantuvieron firmes por varios días, semanas y meses en las tomas de los edificios, mostraron fuerza, arte y unión. Algo que sin duda, no va acabar en el 2022 (como sí lo hará el Gobierno de Alvarado), pues se trata de una configuración de nuevos líderes y lideresas jóvenes que perdurará años. En lo que sería el sexto punto a favor de la autonomía universitaria y uno de los centrales.
Sobre esta misma disputa, al final del año 2019 la Contraloría General de la República le da la razón al movimiento autonomista universitario, e invalidó el presupuesto nacional con el que el Gobierno del Bicentenario quería “amarrar” parte del financiamiento de las Universidades Estatales y con ello, mermar su autonomía. Esta resolución del ente contralor aunó para que el Gobierno perdiera su séptimo punto frente a la autonomía universitaria. Así como añadir un nuevo desgaste en la credibilidad del Presidente. A lo que se debe agregar, un recordatorio sobre la insólita y hasta forajida acción del Gobierno que el 30 de diciembre del 2019, que pese al voto de la Contraloría, modificó partidas presupuestas de las universidades creyendo que por ser fin de año “nadie se daría cuenta” y lograrían su cometido. A inicios de enero del 2020 el resultado fue otro estruendoso punto en contra del Gobierno, pues esa acción a todas luces era irregular, calumniosa e improcedente constitucionalmente. No procedió. Sumando un octavo punto en favor de la Autonomía Universitaria y en detrimento del Gobierno de Alvarado.
Luego de un puntaje de 8 a 1, se hubiera esperado que para los años 2020 y 2021 el Gobierno del Bicentenario cambiara su relación con la Centenaria Autonomía Universitaria, pero no lo hizo. Esto a pesar del contexto pandémico del 2020 y del invaluable, vigente y constante aporte de las universidades públicas del país para con esta situación y para con el bienestar general; el Gobierno del Bicentenario postula la Ley Marco de Empleo Público. Iniciativa que básicamente fue el principal proyecto político de este Gobierno y cuya meta era atenuar todas las autonomías institucionales del país, a saber, la autonomía de las 83 Municipales, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Poder Judicial y de las cinco Universidades Públicas.
Hay que recordar que todas estas autonomías están sustentadas en la Constitución Política de 1949, y surgieron como instancias autónomas debido a la Guerra Civil de 1948 que tenía como antecedente un esquema de modelo de Estado centralista en Casa Presidencial y cuyas potestades incluían tener control, tutela y poder sustituir a todo el personal profesional de las instancias del Estado, con lo cual, el Estado era una subsidiaria del partido de Gobierno y no, un ente de interés nacional cuyo trabajo y función debía sobrepasar las inclinaciones electorales de sus trabajadores/as. Este contexto de centralismo en el poder fue una de las causas de esta Guerra Civil de 1948 y su posterior Constitución de 1949. De esta manera, a la mitad del siglo XX, surge una institucionalidad costarricense que potencia el equilibrio, profesionalismo y matiza el alcance que la Presidencia o un Ministerio de la República pudiera tener sobre otros Poderes Estatales.
Todo este intermedio histórico descrito es necesario de tomarlo en cuenta para comprender sobre el noveno punto que el Gobierno del Bicentenario pierde frente a la Centenaria Autonomía Universitaria; mismo que responde al fallo de la Sala Constitucional que ratificó la existencia de más de 30 vicios de inconstitucionalidad en este proyecto de ley estrella del Gobierno del Bicentenario. Mismo que busca la creación de su Mega Ministerio de Planificación que pueda tener la potestad de contratar, regular, evaluar, despedir, rediseñar y dirigir el aspecto laboral de las institucionales autónomas de país (arriba citadas). Este punto de quiebre recién anunciado por la Sala IV el 31 de julio del 2021, dejó en evidencia la Constitucionalidad de la Centenaria Autonomía Universitaria y lo opaco en la lectura de un Gobierno del Bicentenario que sin poder obviar el peso jurisdiccional de la Sala, así como la historia del siglo XX del país, termina perdiendo con un grotesco puntaje de 9-1 frente al Movimiento Universitario.
De esta manera, y en lo que pudo haber sido el momento de “cambio”, en Costa Rica hubo un regresivo ejercicio autócrata del Gobierno, no solo desgastándose en una lucha ciega contra la Autonomía Universitaria, sino contra el país mismo, pues fueron cuatro años donde las Universidades Publicas tuvieron que defenderse de la política carroñera que busca su desfinanciamiento y su disolución autonómica, con lo cual, en estos cuatro años que pudieron haber sido prometedores, han sido de contraste y con muy poco beneficio hacia la justicia social y el bienestar nacional. Con este marcador de 9-1, la que pierde finalmente, es Costa Rica misma.
