Por: Nora González Chacón. Politóloga y abogada.
Consejal del Consejo Universitario. Universidad Estatal a Distancia.
La década de los ochenta dio un fuerte impulso a la implementación del neoliberalismo en el mundo, descansando sobre el cuestionamiento hacia el Estado y su capacidad para promover un tipo de desarrollo. Por supuesto que ello sucedió con mucha mayor facilidad en las débiles sociedades latinoamericanas con historias de corrupción, dictaduras y grupos de poder que se repiten a sí mismos en los más altos puestos de toma de decisiones. Se cuestiona fuertemente el papel del Estado para promover el trabajo, la salud pública, educación, entre otras. Ergo, esas tareas deben ser desplazadas a la empresa privada y el Estado debe manejarse como empresa para poder acompañar el “progreso”. En este contexto se migra conceptualmente de gobierno a gobernanza, que unifica lo público y lo privado: management y políticas públicas para responder a la pregunta: ¿De qué manera se debe organizar el sector público, los programas que impulsa, sus instituciones y políticas para lograr los objetivos y metas públicas?
La implementación de las políticas públicas implica la acción conjunta de Estado y sector privado, es un nuevo paradigma de gestión de la administración pública que “supera” la eficiencia y la eficacia tradicional. La respuesta es la creación de valor público en las instituciones estatales (no en lo privado) que permita medir la relación costo-efectividad. Solo tiene valor lo que es mesurable, con variables e indicadores. A ello se le llama modernización del Estado. Un buen ejemplo es el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido con el programa Finantial Management Initiative y Next Steps, o el programa National Performance Review aplicado por Bill Clinton en Estados Unidos.
En lo que nos interesa en Costa Rica, en nuestra historia más reciente, en el Gobierno de Laura Chinchilla se inicia el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se finaliza exitosamente el proceso de ingreso en 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19. La gobernanza pública es encabezada desde la OCDE por el Comité de Gobernanza Pública (PGC). Este proceso implica muchos cambios en la gestión del gobiernos y por supuesto cambios en las leyes como los afirmó Pilar Garrido, Ministra de Planificación:
“MIDEPLAN como coordinador técnico del proceso de acceso al Comité de Gobernanza Pública, ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la capacidad de dirección del centro de gobierno sobre las instituciones autónomas; mediante nuevos instrumentos de seguimiento en el marco del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, y de una agenda de evaluación reforzada, en la cual a partir de la fase de uso se rediseñan políticas públicas para maximizar sus impactos. También hemos planteado reformas legales, para contener la fragmentación institucional y dotar a la política pública de mayor coherencia. Este es sin duda un gran paso, no obstante, seguiremos trabajando porque aún quedan desafíos pendientes, en la ruta de la mejora continua y de la generación de valor público”
La gobernanza y el valor público, son parte de un enfoque de gestión para la administración de resultados, no son principios, tampoco se derivan de los derechos humanos, en tanto obligación que los Estados deben cumplir y sobre los cuáles pesa un fuerte sistema de derechos internacionales que respalda a la ciudadanía. De manera que, si hablamos de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), como una actividad económica del Estado, podríamos aplicar la relación costo-beneficio, para rendir el valor público que esa actividad genera en el mercado y a la sociedad, pero en el derecho internacional, no existe un derecho que proteja el derecho humano al licor, como si lo hay para la educación.
Cuando hablamos de educación pública es imposible armonizar la relación costo beneficio con el derecho humano a la educación que resguarda la dignidad humana. La educación es un derecho, no una acción de gobernanza para la gestión pública-privada. La educación produce conocimiento y genera herramientas para la vida en sociedad, para identificar y resolver problemas, para promover la vida en paz, reivindicar la dignidad humana, la justicia e igualdad en derechos y su ejercicio. La educación es un derecho que posibilita el ejercicio de los demás derechos fundamentales.
Cuando la educación universitaria, específicamente es vaciada de contenido como derecho al conocimiento, y es vista como un bien, se convierte en un medio al servicio de la economía y no en un bien público universal, accesible, de calidad. El ejemplo más claro y casero es el informe afirmativo de mayoría de la Asamblea Legislativa: Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del FEES, expediente legislativo n.° 21052, que para mejorar el valor público de las universidades públicas, prácticamente promueve su cierre.
Analizaremos seguido como este razonamiento de gestión de la administración desde la relación costo-beneficio (no de derechos humanos), afecta directamente a las universidades públicas y al ejercicio del derecho a la educación:
- El informe de mayoría señala que las universidades deberían estar generando un valor público que sobrepase las necesidades estudiantiles y que además, esté al servicio de la ciudadanía. Este valor público debe darse en la relación al gasto, que es superior a los resultados en matrícula, a los títulos entregados y percepción positiva sobre la calidad del servicio. Estas son las variables de medición del valor público del informe. Se señala también que es vital “dentro del valor público, que destaca la señora contralora, el fortalecimiento financiero de la investigación, porque este elemento es vital para el futuro de los ingresos universitarios; por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido”. (La negrita no es parte del texto original)
- Señala que la partida de remuneraciones en las universidades ha crecido muy por encima de la inflación, y que ello es insostenible. Esta forma de medir el trabajo intelectual, académico, de investigación y extensión deja por fuera lo no mesurable del proceso académico y educativo en general. El trabajo académico, intelectual, docente y de investigación lo hacen las personas, y entre más actividad académica, más personal requiere.
- Se habla de una deuda pendiente con la acreditación. Esto es, apuntar a la estandarización de la educación. ¿Qué tipo de sociedad piensan los criterios de acreditación?
- Sobre investigación, señala que debe hacerse entre lo público y lo privado, pero no dice nada sobre el uso público de los resultados de investigación que quedarán como propiedad intelectual compartida con las empresas.
- Pondera el equilibrio financiero (artículo 176 constitucional) por sobre el principio de autonomía universitaria (artículo 185 constitucional), tarea que es propia de la Sala Constitucional. Habla sobre la incorporación de las universidades a la caja única del Estado y al control de la Autoridad Presupuestaria. En la Comparecencia de Julio Jurado Fernández, Magda Inés Rojas Chaves y Alonso Ernesto Moya, de la Procuraduría General de la Republica se sostiene sobre la autonomía que: “ En el caso de las universidades, en el artículo 85 hay una provisión de carácter financiero que consiste en un fondo especial para la educación superior, es una garantía de la autonomía universitaria, es una garantía de su autonomía, tanto en primer grado, pero, sobre todo, es una garantía de su autonomía de gobierno, porque la fijación de fondos para la universidad es lo que le posibilita ejercer fijarse sus objetivos y lograr conseguirlos.”
- Señala que se debe “modernizar” la oferta académica con menos ciencias sociales que tiene una sobre oferta y carreras por sobre las de calidad en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Considera que la oferta académica es obsoleta y que está divorciada del sector productivo. Además, indica que hay una gran deuda en la inversión en las regiones y que se debe trabajar en cooperación entre las universidades
Así las cosas, el derecho a la educación no se garantiza por parte del Estado cuando se piensa en la educación en términos monetario y de acceso restringido por el costo de cada semestre y en la carrera en general. Tampoco cuando se limita el acceso a líneas de conocimiento y se estigmatizan unas por sobre valorar otras, además generando condiciones para desmantelar la educación superior pública y dar pie a la privada. La gestión en la relación costo-beneficio para generar valor público es un deber de los centros de enseñanza privados que lucran con la educación. La existencia de la educación pública superior en sí misma es la reivindicación del interés público y la garantía de derechos, específicamente del derecho humano a la educación. Por ser educación pública existen las carreras de filosofía, sociología, teología, literatura, antropología, entre otras, que no son STEM, ni lucrativas, ni atienden los intereses empresariales.
Creo que la riqueza está en la coexistencia de todas las áreas del conocimiento en favor de la comunidad.
Enlaces de Interés
Pueden descargar el Informe afirmativo de mayoría de la Asamblea Legislativa: Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del FEES, expediente legislativo n.° 21052 en este enlace: https://bit.ly/2zPFUo0
Presentación del informe afirmativo de mayoria de la Comisión del FEES en la Asamblea Legislativa: https://youtu.be/Y6u0oh0RaXc
Video de la OCDE y Mideplan respecto al empleo público: https://www.youtube.com/watch?v=OhcjRc1E7lI
Entrevista a Pilar Garrido sobre Plan de Empleo Público: https://bit.ly/2AzRAez
Recomendación del Consejo sobre Liderazgo y Capacidad en la Función Pública: https://bit.ly/36T56WX
