Por: Mario Araya
Ciertamente la idea de que el país se enfrenta a una creciente ola de violencia no es nueva.
Trabajos académicos han señalado que esta ha sido uno de los elementos del discurso dominante acerca de la criminalidad y la violencia en el país desde hace ya varias décadas atrás. Sin embargo, cada vez que se menciona o se retoma por parte de los medios de comunicación, la sociedad civil y los políticos, esta (a)parece como surgida de una condición reciente del país, y se utiliza además para deslegitimar todo tipo de acciones que buscan disminuirla fuera del credo de la solución penal; “todos los problemas se resuelven con cárcel”.
Cada vez que se (des)informa en las noticias un nuevo evento al cual se le asigna la palabra de “violenta”, que puede ser desde un accidente de motocicletas en una autopista, hasta una balacera en un barrio urbano de la capital, hay un grupo de personas siempre interesadas en defender la responsabilidad individual frente a las acciones – que son además a la que se le suelen dar espacios para que promulguen sus ideas en los medios de comunicación-, y que se sienten cómodas ignorando – o fingiendo que ignoran- que cada una de las acciones diarias que ellos mismos realizan pueden estar contribuyendo a la estructuración de un tejido social del que emerge a lo que realmente le podemos denominar violencia – un proceso cultural del que todos somos participes.
A partir del cual surgen esas situaciones puntuales que los medios de comunicación se empeñan, a fuerza de repetición, en presentarnos como la realidad inmediata y descontrolada en la que “todos” estamos viviendo. A fin de cuentas lo que esto propicia es un fortalecimiento de la incapacidad que tenemos para asumir la responsabilidad social por aquellos sujetos, eventos, situaciones o prácticas a las que nos referimos como violentas.
Recientemente la “ola de violencia” que han avivado los medios, se usa además para legitimar o justificar, en una sociedad que se jacta de intolerante a la violencia, que se propicien las condiciones – o al menos las más evidentes- para violentar a ciertos sectores de su población: las personas privadas de libertad.
Fue sumamente rápida la respuesta de algunos diputados de la República para pronunciarse en contra de las medidas de desinstitucionalización del Ministerio de Justicia, o al menos su propuesta de no tener privadas de libertad en condiciones indignas a gran cantidad de personas en nuestros hacinados e inadecuados centros penales, a los que todos les hemos dado la espalda.
La justificación para estar en contra de estas medidas, según los medios de comunicación, son que no es “no es posible liberar a estas personas dada la actual ola de violencia que vive el país”, “en la época en la cual a los ciudadanos honrados se les paga su aguinaldo” o bien como señala uno de los diputados del PLN, para quien no es justificación que “la única razón para ponerlas en libertad es porque no hay campo en las prisiones”.
Otros, en sus prolíficos actos de demagogia dirán que estas medidas son una “bofetada al pueblo”, y que un grupo de personas que son responsabilidad del Estado (Penal) tengan que ser asumidas por el pueblo.
La verdadera “bofetada al pueblo” está, primero en que no se propicien socialmente las condiciones que impidan que haya cada vez más persecución y aprisionamiento de los sectores populares que recurren a formas alternativas – algunas ilegales- de agenciarse la posibilidad de continuar (sobre)viviendo fisiológica y culturalmente.
Ante la inexistencia opciones laborales bien remunerada, con las garantías laborales requeridas y en condiciones dignas, para los amplios sectores de población que deben hacer frente cotidianamente a situaciones de exclusión y desigualdad.
Y oportunidades educativas, que les posibilite a las personas tener condiciones reales de optar por no continuar habitando los sectores menos favorables y riesgosos de la sociedad.
Y segundo, en que una vez que las instancias responsables de privar de libertad a las personas que cometieron algún acto delictivo no encuentren instancias sociales que permitan dar soporte a quienes son movilizados a regímenes menos sofocantes y agresivos de atención (que es la propuesta actual del Ministerio de Justicia) como lo son los CASI (Centro de Atención Semi institucional) o bien, que son puestos en libertad.
Por lo que la delictivita, la supervivencia mediante la agresividad o la aceptación por parte de la persona de continuar siendo uno más de los sectores precarizados de la sociedad, se convierten en las únicas opciones viables de continuar viviendo.
La reciente euforia, persecución, cuestionamiento con el que han procedido los medios de comunicación, y de lo que se han aprovechado los principales demagogos de la mano dura o del garrote penal, solo reflejan el nivel de violencia social que caracteriza a la sociedad costarricense.
En sus discursos nunca están presentes las profundas problemáticas causadas por la exclusión y la desigualdad a las que se relegan a ciertos sectores poblacionales.
Y al nivel de violencia al que someten a estas personas dentro y fuera de del sistema penal.
Noticias consultadas
http://www.repretel.com/actualidad/comision-de-seguridad-del-congreso-se-opone-a-la-liberacion-de-reos-7926
http://www.teletica.com/Noticias/108000-Juan-Diego-Castro-Liberar-1000-reos-es-una-bofetada-del-Gobierno-al-pueblo-de-Costa-Rica.note.aspx
