Imagen tomada de la versión digital del periódico digital «El Financiero».

Por: Anthony García-Marín

El año 2020 ha significado un hito histórico, lo que inició como una crisis sanitaria, a partir de la propagación de la COVID-19, así como la declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las respectivas políticas restrictivas sanitarias, impactó todas las esferas de la vida social, a tal punto que diferentes personas estudiosas están hablando de caracterizarlo como una sindemia, es decir, varias morbilidades confluyendo.

Esta definición para el caso latinoamericano no es antojadiza, la incidencia y prevalencia de diferentes enfermedades previo a la COVID-19, es un caso preocupante en nuestra región, incluso de enfermedades prevenibles como lo puede ser la obesidad u obesidad mórbida -la mayor tasa de obesidad mundial la posee México. Además, si se agrega el análisis las muertes ocasionadas por hechos violentos como los homicidios dolosos -Honduras y El Salvador- o feminicidios, el cuadro se complejiza, por lo cual estaríamos ante una gran sindemia que tiene, ante todo, rostro de exclusión social.

El impacto de la crisis sanitaria evidenció las desigualdades preexistentes, el mundo del trabajo fue uno de los primeros en mostrar cambios abruptos en los diferentes indicadores como lo son la Tasa de Desempleo Abierto, la Tasa de Ocupación y la Informalidad laboral, a modo de ejemplo.

En nuestro país, debido al esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) mediante su Encuesta Continua de Empleo (ECE), se registran estos indicadores y muchos más relacionados al tema laboral. Según datos de dicha encuesta, para el II cuatrismestre del año 2020 la tasa de desempleo nacional fue de 23,2 %, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aumentó estadísticamente en 11,8 pp. Por otro lado, uno de los sectores que evidenció una mayor afectación, según los indicadores de la encuesta, fue el de los trabajos informales.

Para el INEC se entiende como empleo informal “a todos aquellos ayudantes no remunerados, trabajadores y empleados de empresas no constituidas como sociedad, empleados ocasionales, aquellos que prestan sus servicios a cambio de salarios en especie y similares” (La Nación, 2021). Esta clasificación incluiría a toda la población ocupada, es decir, personas asalariadas, cuenta propistas, patrones y ayudantes sin paga. Así, el INEC registró que para el “(…) tercer trimestre de 2021 se estimó la pérdida de unas 44.700 personas ocupadas informalmente con jornadas efectivas de menos de 15 horas; así como otras 42.300 personas con jornadas efectivas de más de 48 horas.” (La Nación, 2021).

Hasta acá, es importante aclarar que esta forma de operacionalizar la informalidad es producto de las recomendaciones del Organismo Internacional del Trabajo (OIT). En esta definición operacional no se precisan diferencias entre las nociones de trabajo y empleo. Tampoco existe un distanciamiento entre lo que se ha definido como la precariedad laboral, la cual remite a la inseguridad del trabajo por la ausencia de derechos laborales relacionados al contrato, los ingresos, la temporalidad y las condiciones laborales, y fundamentalmente se expresa en las relaciones laborales asalariadas (de Oliveira, 2006; Guadarrama Olivera et al., 2012; Fernández Massi, 2014; Román-Sánchez & Sollova-Manenova, 2015; Vejar, 2017).

Haciendo una breve revisión de las bases de datos del INEC de la ECE, notamos que personas trabajadoras que no gozan de garantías o estatutos laborales, los cuales están garantizados en el marco jurídico nacional e internacional, como puede ser la seguridad social, el salario mínimo y el pago de vacaciones son clasificados como personas trabajadoras con empleo formal. Lo cual ratifica que el uso desmedido en homologar discursivamente la informalidad con la precariedad laboral no posee un asidero empírico, tal cual se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla N.°1
Costa Rica: cumplimiento de garantías laborales según formalidad del empleo. Junio 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECE del INEC, 2021.

Por lo anterior, es de suma importancia diferenciar la informalidad de la precariedad laboral, a su vez que al referirnos al empleo estamos hablando de trabajo con el cumplimiento de estatutos laborales (Pérez Sainz, 2014), de ahí la importancia de realizar presiones conceptuales para referirnos a las complejidades y heterogeneidades que se expresan en el mundo del trabajo. De la misma forma, nos permite cuestionarnos el valor heurístico del concepto de la informalidad en un contexto sociohistórico signado por importantes cambios en los modelos de acumulación producto de la crisis de los años ochenta y de la formalidad laboral del sector público.  

Referencias bibliográficas:

De Oliveira, O. (2006). Jóvenes y precariedad laboral en México. Papeles de población, 12(49), 37–73.

Fernández Massi, M. (2014). Dimensiones de la precariedad laboral: Un mapa de las características del empleo sectorial en la Argentina. Cuadernos de Economía, 33(62). http://www.redalyc.org/html/2821/282130698010/

Guadarrama Olivera, R., Hualde Alfaro, A., & López Estrada, S. (2012). Precariedad laboral y heterogeneidad ocupacional: Una propuesta teórico-metodológica. Revista mexicana de sociología, 74(2), 213–243.

La Nación. (2022, enero 18). Empleo informal acumula secuelas persistentes de la pandemia. La Nación. https://www.nacion.com/economia/indicadores/empleo-informal-acumula-secuelas-persistentes-de/3KBQEJYDTZG4JOJ4A3C6XFBBIM/story/

Pérez Sáinz, J. P. (2014a). Mercados y bárbaros: La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina (1a ed.). FLACSO Costa Rica.