13 respuestas breves sobre el Plan Fiscal

1. ¿Qué es el déficit fiscal?
Se da cuando el Estado no cuenta con suficientes recursos para pagar sus cuentas. Es decir el sector público, en particular lo que llamamos el Gobierno Central, gasta un monto mayor del que le ingresa.
Cada año, el gobierno hace un presupuesto, lo aprueba la Asamblea Legislativa y si tiene déficit solicita préstamos para cubrir lo que le falta. Esos préstamos se obtienen mediante la emisión de bonos, que pagan una determinada tasa de interés y tienen un determinado plazo de vencimiento, más o menos corto o largo según el caso. La mayoría de esos bonos se vienen colocando en colones dentro del país, pero en otros momentos se han emitido bonos en moneda extranjera (básicamente dólares) que se colocan en el exterior. Para hacer esto último se requiere autorización legislativa mediante una ley de la república.
El gobierno de nuestro país debe garantizar a todos los ciudadanos una serie de servicios, como salud, educación, carreteras, seguridad, etc. Además, debe garantizar el funcionamiento del Estado o de nuestra democracia.
Para financiar los servicios y su funcionamiento requiere ingresos. Los ingresos se obtienen por medio de impuestos o tarifas que cobran a las personas y organizaciones.

2.¿Qué es la crisis fiscal?
Se da cuando las deudas del Estado crecen de forma tal que se hace difícil pagar los gastos del año, más las deudas que ha acumulado. Si la crisis fiscal se agrava, puede llegarse a un punto de insolvencia, cuando el Estado no puede cumplir con el pago de deudas que se vencen.

3. ¿Por qué tenemos crisis fiscal?
Porque se ha estancado el porcentaje de impuestos que se pagan, ha crecido el gasto, ha crecido la deuda, hay gente y empresas que no pagan o pagan solo parte de lo que les corresponde (evasión). Por más de treinta años se ha arrastrado el problema, con excepción de algunos años, pero se lograba mantenerlo dentro de límites manejables que no representaban una amenaza para la estabilidad económica del país. Se ha agravado en los últimos diez años a partir de 2009.

4. ¿Cómo me afectan las deudas del Estado?
Actualmente, el pago de intereses de la deuda es mucho mayor que lo que invierte el Estado en equipo, maquinaria, edificios o bienes para dar servicios o producir, conocido como gasto de capital. Esto limita o deteriora los servicios del Estado o lo lleva a endeudarse más y en el momento actual, se ha llegado a un punto que ya representa una amenaza para la estabilidad económica de Costa Rica.

5. ¿Con quién se endeuda el gobierno?
En el caso de la deuda interna, o sea, la colocada en el país, el 28,7% está en manos del sector financiero (bancos, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito y otro tipo de empresas financieras). En el sector público (excluyendo las empresas financieras públicas), hay un 27,1%. En el sector privado en general, excluyendo las empresas financieras privadas, está colocado el 44,2% de esa deuda interna. Del total de la deuda, el 80,5% es interna, y un 19,5% está colocada en moneda extranjera y es deuda externa.

6. ¿Nos afecta el plan fiscal a nosotros los estudiantes?
En el documento más reciente (setiembre 11) aparecen exentas la educación universitaria pública y la privada en todos los niveles en el Capítulo III. Artículo 8. También están exentos los libros y las emisoras de radio culturales según la Ley 8642.

7. ¿Cuáles medidas tiene el plan fiscal para contrarrestar la evasión y cuál es su expectativa de reducción de la evasión con respecto a la condición actual?

Las medidas consisten en las ya vigentes como la lotería fiscal, y otras nuevas como los límites al crédito fiscal, así como la percepción del impuesto por medio de tarjeta de crédito o débito. Esto último sería de gran ayuda para determinar el hecho generador del impuesto, ya que en la actualidad eso se identifica a partir de la emisión de una factura y no del uso del medio de pago como las tarjetas. En cuanto a expectativas para reducir la evasión o elusión, sería demasiado prematuro generar siquiera números aproximados, ya que más bien se depende del comportamiento que tengan las medidas en sí. Cualquier número total o porcentual sería especular.

8. ¿Explicar el concepto de trazabilidad y por qué es importante en la canasta básica?
En términos simples conlleva la posibilidad de establecer o “trazar” la ruta que tuvo, tiene o tendría una actividad comercial para determinar si está o no sujeta al pago de un impuesto en particular. Por el momento, esa trazabilidad resulta dificultosa por muchos factores, entre otros, el desánimo del vendedor del bien o servicio por captar el impuesto respectivo, el cual casi siempre lo endosa al comprador en el precio final. Muchos comercios presentan la opción de vender en efectivo con la condición de no generar factura y no tener que descontar el porcentaje del impuesto al comprador. Ahí se pierde la trazabilidad, la cual no debe estar sujeta a la canasta básica, sino a cualquier actividad comercial, sea que conlleve o no la generación de factura como en el régimen simplificado (pulpería).

9. ¿Cómo afectará el plan a las personas con menos recursos? Por ejemplo, a la canasta básica.
Al gravarse la canasta básica, los productos ahí contenidos aumentarán de precio, lo que para familias de bajos recursos significa pagar más por productos de consumo mínimo para manutención. Eso sería mantener un nivel regresivo de impuestos, sobrecargando a “todos”, cuando más bien deberían pagar “los que pueden”.

10. ¿Qué se necesita para que el proyecto no se ponga en marcha y elaboren una estrategia más justa y equitativa?

El proyecto ahora está en una Comisión Legislativa que lo está discutiendo y modificándolo vía mociones.Como ciudadano usted puede buscar un diputado y presentarle sus inquietudes por medio de sus correos http://www.asamblea.go.cr/Diputados/SitePages/Correos_Diputados.aspx

11. ¿La educación superior pública se vería afectada de alguna manera?
En el proyecto 20.580 no se verá afectada directamente la educación superior; de hecho, en cuanto a las exenciones se indica que estarán excentas del impuesto al valor agregado (IVA):
• Los aranceles por matrícula y los créditos de los cursos brindados en las Universidades Públicas, en cualquiera de sus áreas sustantivas
• Los libros con independencia de su formato
• Los servicios prestados por las emisoras de radio culturales

12. Dentro del proyecto de ley existe una modificación a los pluses salariales del sector público. ¿Son estas reformas retroactivas o no?

Jurídicamente existe el principio de irretroactividad de la ley, por lo cual, quienes tengan asignados pluses conforme la normativa vigente deberán mantener tales condiciones; no obstante, también se deberán ajustar éstas cuando cambien por alguna razón, por ejemplo, un funcionario(a) que mantengan un contrato de dedicación exclusiva por 10 años, cuando llegue es término podrá prorrogarlo mediante “addendum” por no menos de 1 ni más de 5 años, según el proyecto de ley.
Otro detalle, que debe respetarse con o sin proyecto de ley, es que el monto a reconocer por Dedicación Exclusiva, depende del grado académico que exija el puesto en el que se está nombrado.

13. ¿Hay reformas en esa ley que afecten a nuevos empleados públicos como por ejemplo un salario más bajo?
En términos generales no. Cada institución mantiene la posibilidad de establecer su escala salarial, salvo aquellas que pertenecen a un ámbito general como las cubiertas por el Servicio Civil.
También podrían darse modificaciones a condiciones futuras como los porcentajes a reconocer por concepto de Prohibición y Dedicación Exclusiva, por ejemplo, en cuanto a esta última, históricamente se reconocía un 55% adicional a su salario base al funcionario cuyo puesto exigiera el grado académico de Licenciatura, ahora, con el proyecto, un funcionario que ascienda o se nombre en un puesto de esa naturaleza solo recibirá 25%. Por cierto, esto ya ocurre para los puestos cubiertos por el ámbito del Servicio Civil.
En cuanto a las anualidades, se generaliza la aplicación de la evaluación del desempeño para reconocer las anualidades –actualmente, no todas las instituciones públicas llevan cabo la evaluación para conceder la anualidad–, las cuales quedarán como un monto fijo, y no podrán aumentar conforme factores como la “inflación”.
Igualmente, se generaliza el reconocimiento por concepto de cesantía en todo el aparato estatal, estableciéndose un tope de 8 años.

Fuente de información:

Lizette Brenes Bonilla, vicerrectora de Investigación, Universidad Estatal a Distancia.

Luis Paulino Vargas Solís, director, Centro de Estudios en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia.

Rolando Bolaños Garita, investigador, Universidad Estatal a Distancia.